El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para declarar Causa Compleja no funciona ¿Por qué?

En 2015 se modificó un artículo, entre otros, de la Ley que regula los procedimientos penales de modo que obligaba a que la fase de investigación durase solo 6 meses en casos “de apié” salvo terrorismo y similares, lo cuál es genial pero, olvidaba que eso es materialmente imposible porque los juzgados están colapsados y ahora, como era de esperar, los jueces y fiscales están pidiendo al Presidente del Gobierno su derogación.
cierto que la reforma de la ley, estableciendo el plazo máximo de instrucción de seis meses, es poco menos que un dislate del legislador, que parece desconocer la realidad de la generalidad de los Juzgados de Instrucción y del coste personal de los instructores para llegar a lo imposible. Pero es lo que es y debe intentar ser cumplido, y desde luego no burlado o soslayado, aplicando la declaración de complejidad, y la prorroga que ello conlleva, a supuestos imposibles y alegales“. Sentencia Audiencia Provincial de Valencia 457/2016
En los ya más de tres años que han pasado desde la reforma producida por la Ley 41/2015 de 5 de octubre de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, yo no he visto que se haya producido tal agilización. Los juzgados siguen a rebosar de expedientes encima de las mesas y de funcionarios que no dan a basto, además de, en mi opinión personal, la necesidad de crear más juzgados porque un mismo juez no puede ni debe llevar tantas causas y lo mismo digo para los fiscales, que van desplazándose de juzgado en juzgado sin que yo crea que esas son condiciones para trabjar casos tan delicados comos son los de índole criminal, en los cuales la libertad o la condena de un supuesto agresor y la reparación de una supuesta víctima están en juego.

6 meses para causas sencillas y 18 meses para causas complejas

Los legisladores, o hablando claro, los políticos, quizás tienen buenas intenciones sobre el papel, porque a mí me parece perfecto que una fase de investigación no se alargue más de 6 meses si las pruebas ya están sobre la mesa y solo hay que practicar algunas periciales y testificales. Y que en caso contrario, se alargue 18 meses para poder analizar más documentación y practicar más pruebas. Todo lo cual, sobre el la ley y con los medios, sería lo ideal para que los procedimientos no se eternizasen.

Los jueces y fiscales no pueden poner a la práctica la legislación. Por eso piden su derogación. Fuente: El país. https://bit.ly/2Sni4DL

La noticia no me ha impactado, llevo tiempo luchando contra esto en los juzgados. Porque desde el año 2015 pensé que esta reforma podía suponer un alivio para mis clientes por dos razones:
1- Mis investigados que eran inocentes no tendrían que esperar tanto tiempo para cerrar su causa y pasar página.
2- Mis víctimas que tenían la razón, no tendrían que esperar tanto tiempo para llegar a la fase de juicio, ya que cuando llegan a esa fase ya han olvidado lo ocurrido debido a la terapia psicológica a la que se han sometido para paliar su estrés postraumatico y sus declaraciones no son de tanta calidad. Lo mismo sucede con los testigos, que algunos que no dependen de mí, contestan: no me acuerdo de nada ya. Y eso, da muchísima impotencia y rabia.

Uno de mis múltiples casos reales

Por ese motivo, desde 2015 siempre he intentado luchar utilizando, entre otros, uno de los argumentos que la Audiencia Provincial de Valencia esgrimió de forma absolutamente clara y que he enumerado más arriba y, si me permitís, repito aquí porque es absolutamente clara:
cierto que la reforma de la ley, estableciendo el plazo máximo de instrucción de seis meses, es poco menos que un dislate del legislador, que parece desconocer la realidad de la generalidad de los Juzgados de Instrucción y del coste personal de los instructores para llegar a lo imposible. Pero es lo que es y debe intentar ser cumplido, y desde luego no burlado o soslayado, aplicando la declaración de complejidad, y la prorroga que ello conlleva, a supuestos imposibles y alegales
Los jueces, desbordados, argumentan cualquier excusa que se les ocurre para poder alargar el plazo que tienen para investigar las causas, porque, desde luego, 6 meses se les queda absolutamente corto.
Puedo ejemplificar lo que me sucedió con un caso que llevé que empezó hace casi 2 años. Era una causa sencilla en cuanto a material de investigación. Solo hubo 5 testificales, una entrevista con el equipo de psicólogos, 15 folios de prueba documental y pedir un certificado conforme la víctima era paciente de un centro de salud público. Todo eso costó casi 2 años. Cualquier persona se preguntaría cómo puede ser eso posible. En primer lugar me lo preguntaba mi cliente, angustiado, que se enfrentaba a un delito de aproximadamente 6 años de cárcel. Y su familia. Dos años de sufrimiento que pudieron verse reducidos a 6 meses.
Era el caso perfecto para que se hubiese cumplido el artículo 324 de la LECRIM, pero sabéis cuál fue la respuesta al recurso que interpuse? “Procede mantener la validez de la resolución judicial dictada a los fines de no contravenir la buena marcha de la instrucción penal en atención a la naturaleza del delito investigado”. Y se quedaron tan anchos. Señores, esa motivación no se encuentra en el artículo mencionado, puesto que si es por la naturaleza del delito, ese delito no era ni terrorismo, ni cometido por organización criminal ni nada que se le pareciese. No subimos a instancias superiores por decisión de mi cliente. Era un tema delicado y solo queríamos hacer de tripas corazón y que terminase cuanto antes. Por suerte ya ha terminado y se admitió el archivo que habíamos solicitado.

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